martes, 19 de septiembre de 2017

EL COMISARIO ERNESTO SANTAMARIA INVITA AL CURSO DE SECUESTRO





Buenos días estimados amigos, soy el Comisario Ernesto Santamaría, Presidente Fundador de Procedimientos Policiales-ASCASEPP, les escribo para invitarlos a ver el curso "EL DELITO DE SECUESTRO", que ha sido dictado tiempo atrás y fue grabado para que pueda ser visualizado con posterioridad como en este caso.
Todos aquellos que deseen ver este curso en forma gratuita para acceder al mismo deberán escribir al correo electrónico ernestosantamaria@yahoo.com.ar y solicitar que se le permita asistir al curso antes mencionado.
Como dijera el curso no tendrá costo de asistencia para el interesado, posteriormente y como somos una asociación sin fines de lucro, aquellos interesados en recibir la certificación de asistencia sólo abonaran 5 euros y se lo enviaremos por internet, debidamente firmado, de nuestra Asociación registrada en el Ministerio del Interior de España bajo el nº591967.
Para visualizar el curso se otorgará 48 horas desde que se le envíe el link de acceso al cursante, pasado este lapso de tiempo no se podrá acceder más al mismo. El curso dura mas de 4 horas y se dicta por medio de la proyección de un power point.
Deseo aclarar que cuando se envíe el correo electrónico a la dirección de figuración más arriba, el interesado deberá presentarse con nombre y apellido indicando profesión, cargo y ciudad y país de residencia. Estos cursos los dictamos para beneficiar a aquellos que arriesgan su vida día a día para proteger a los ciudadanos.
Este pedido obedece a que en varias oportunidades he recibido un correo solicitando un curso sin especificar quien escribe y considero que no sólo sería un fallo de seguridad ya que no podemos dar un curso a cualquier persona sin saber quien es, también es una falta de respeto ya que todos saben quien soy, recíprocamente espero el mismo detalle.

Gracias un fuerte abrazo desde Valencia, España.
Comisario (ra) Ernesto Santamaría Andrade
Presidente Fundador de Procedimientos Policiales-ASCASEPP
Director Internacional de Capacitación
Profesor-Instructor y Conferencista Internacional
Valencia - España

sábado, 2 de septiembre de 2017

MÉXICO CONTRA LA CORRUPCIÓN


Resultado de imagen para índice nacional de corrupción y buen gobiernoEl Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/), mide la corrupción que afecta a los hogares, registra la corrupción en servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por empresas particulares, permite distinguir variaciones en los niveles de corrupción de acuerdo con las características demográficas sociales y económicas de la población.



Hace la estadística de 35 trámites en los diferentes estados, en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. Mientras que en 2007 fueron 197 millones de actos; en 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00 y en 2007 el promedio fue de $138.00. En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.

Así como hubo avances en cuanto a disminuir el índice de corrupción, también hubieron retrocesos muy marcados tanto a nivel estada como por trámite realizados, pues las diferencias se duplicaron, sin embargo no se exponen las razones o medidas por las cuales se tuvieron esos resultados desde 2007 a 2010.

Si bien, se ha demostrado las variantes que se dieron de un año a otro se debería de tener una atención detallada y minuciosa en las especificaciones de los resultados, si se está viendo que en Hidalgo la corrupción de 2007 a 2010 casi se triplico se deberían de analizar el área específica donde se están dando estas variables y trabajar sobre eso.

Se está demostrando que un individuo está gastando de más en actos que no son moralmente aceptables y que sin embargo se siguen dando e incrementando al pasar el tiempo y no debería ser así, ya es suficiente lidiar con los gastos generales que las familias tienen como encima hacerse de gastos extras que no deberían poder costear y que afectan de menor a mayor grado la convivencia en sociedad, pues lo invertido en este acto es destinado un costal sin fondo.

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Herramientas como el INCBG parecieran ser obsoletas, pues a pesar de que se están dando información clara relevante no se está reflejando que se estén llevando a cabo medidas para la prevención como tal de la corrupción, pues se está demostrando aquellos actos y estados donde se debe de tener una mayor atención y promover medidas de prevención y combate a la corrupción como tal.

Además de ser un tema en el cual las consecuencias se ven reflejadas no sólo al instante, sino a gran escala es este tipo de estadísticas, así como también se debe de trabajar con la ciudadanía, pues la responsabilidad va cincuenta cincuenta, pues se necesita de dos o más para incurrir en este hecho. Todo mundo se queja de la corrupción, del mal gobierno, de los malos servidores públicos, pero cuando uno está en una posición donde puede ser partícipe de este acto a su conveniencia, no muchos lo piensan dos veces y son participes de esta e incluso llegan a fomentarla con sus allegados como la medida más fácil, pues es evidente que ambos lados son beneficiados de diferente forma sin embargo no es la correcta y es ahí donde se incurre en la famosa “doble moral”.


Debemos de tomar conciencia, de que es lo que queremos para nuestra vida, el ejemplo que queremos dar y fomentar valores y principios fuertes para poder exigir de buena manera lo que necesitamos, pues así como el reflejo de la corrupción va de menos a más de igual forma las buenas acciones y más teniendo fundamentos sólidos de lo que se está haciendo y como poder evitarlo.

sábado, 26 de agosto de 2017

RENDICIÓN DE CUENTA Y TRANSPARENCIA


Rendición de cuentas” es un término que traduce de manera limitada el significado de la palabra anglosajona accountability, que en inglés significa “el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser responsable de algo (liable) [...] ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a preguntas (answerable)”. La rendición de cuentas significa “la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia” (Manin, Bernard,Przeworski, Adam, y Stokes, Susan C, 1999).
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En América Latina, los actos de rendición de cuentas suelen estar previstos por la ley, son formales, se excusa lo que no está en la ley, suelen ser más actos de propaganda que ponerse de pie para enfrentar el escrutinio público, en las tradiciones anglosajonas, es la propia naturaleza del cargo la que implica la obligación de quien lo ocupa de justificar y transparentar todos los actos que se desprendan de su posición como agente. Ello significa responsabilidad por sus decisiones, actos, omisiones, obras y resultados, y; abarca la obligación de reportar, explicar y ser responsable, política o legalmente, de las consecuencias que resulten. No es igual a la propaganda o publicidad en el sentido de que la rendición de cuentas es una obligación y responsabilidad necesaria de los funcionarios públicos.

Así mismo se debe de entender que transparencia no es lo mismo que rendición de cuentas. Ya que esta es una condición que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, más bien, se trata de un instrumento en un sistema global de rendición de cuentas. Es decir, es la práctica de colocar la información a la vista de la ciudadanía.

Dentro de la transparencia existe el derecho a la información en el cual nos permite a toda persona buscar, recibir y difundir información en poder de las agencias del Estado, siempre y cuando no sea catalogada como información reservada y/o confidencial.

Dentro de ambos conceptos se debe tomar de igual manera y con suma importancia el término de legitimidad, ya que esté funge como la base de ambos, pues se debe de tener la seguridad de que lo que se esta entregando a la sociedad es puramente legitimo, en orden y regla para su adecuada interpretación sin que existan inconformidades, sin embargo en algunos casos la práctica es diferente a la teoría.

Resultado de imagen para rendicion de cuentasA pesar de ser conceptos de los cuales se habla muchos, y que deberían de representar la clarisas de las funciones y recursos de los representantes de las diferentes funciones que hay en el gobierno, no se ha logrado esa confianza en sus acciones así como, tampoco se ha podido defender como tal el que exista un adecuado usos de los recursos perdiéndose así la confianza entre gobierno y sociedad, debido a las muchas inconsistencias que suelen presentarse en la explicación de lo que se está haciendo.


Otro de los factores influyentes para la poca credibilidad de los conceptos mencionados es que, a un ciudadano representante de alguna organización y /o asociación, se nota la exigencia de los recursos de rendición de cuentas y transparencia pero, no suele ser congruente con lo que los servidores públicos hacen con lo que exigen.

sábado, 19 de agosto de 2017

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

La enciclopedia jurídica define el principio de legalidad, como aquel principio que rige todas las actuaciones de las Administraciones públicas sometiéndolas a la ley y al Derecho. Tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la Administración puede hacer sólo lo que esté permitido por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquélla puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley.

Y  de la expresión latina ”, que se traduce como "Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”; se puede interpretar la base fundamental de dicho principio el cual forma parte esencial del proceso penal, así como el principio de publicidad, principio de instancia múltiple, entre otros. Sin embargo la importancia del principio de legalidad se rige en que, nadie puede ser sancionado sin que dicha acción u omisión esté debidamente establecida en la ley.

Específicamente en el caso de México el principio de legalidad (en sentido estricto) se encuentra contemplado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política. En dichas disposiciones no solamente se expresa la necesidad de que los actos, de cualquier naturaleza, que sean emitidos por autoridades públicas deben sujetarse al derecho sino que, además, se consagra el mecanismo de protección por excelencia de los gobernados frente a los actos de autoridad: el juicio de amparo

 De igual forma se debe de tener presente que para el adecuado uso del principio de legalidad debe existir legitimidad en los diversos actos jurídicos que rigen a nuestra sociedad, como lo declara Begné, “la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico, haciendo valer la ley, sin excepciones, allí donde haya sido infringida, hasta generar un proceso gradual, pero sostenido, de transformación cultural, lo que significa poner el acento en el papel de los jueces y en las condiciones para el ejercicio de su función”. Esto se puede ver reflejado en las lagunas aún presentes en la ley, donde se busca el poder sacar conveniencia de lo que está plasmado en los diversos textos jurídicos, logrando aplicar la justicia según los ojos de quien sepa interpretar las layes a su mofo y forma y no como se debería.

El derecho penal es una de las base la Seguridad Pública pues, esta determina la  adecuada ejecución de las leyes así como sus sanciones y hasta la prevención  actos y conductas ilícitas, si bien México esta regido por el Derecho Democrático es indispensable saber reconocer y aplicar el Principio de Legalidad.

Como lo declara dicho principio, se es necesario el tener las bases documentadas para poder sancionar según el acto, hecho u omisión de alguna actividad que vaya contra el bienestar social. Si bien es reconocido este principio a nivel mundial, se tiene puesta la mira en nuestro así debido a que a pesar de que esta constituido en la nuestra suprema carta magna, llegan a existir ciertas inconsistencias para su adecuada aplicación es por esto que se habla de que a su vez debe de existir una adecuada legitimidad en todo proceso.


Es por esto la importancia de la adecuada información y definición de los términos jurídicos existentes para la aplicación de justicia, ya que siempre se debe de fundamentar las bases de lo que se está haciendo y representando, pues  los principios declarados en nuestras las leyes fomentan la adecuada y justa impartición de justicia así como, la defensa de quienes pudiesen salir afectados.

sábado, 12 de agosto de 2017

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La Política pública es el programa de acción de una autoridad pública. Este programa y las actividades que implica componen la unidad de base de la que se sirve el analista del trabajo gubernamental. (THOENIG, 1992)

La política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave. (A., 2013)

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Teniendo así por entendido que las políticas públicas son aquellas en las que se busca la administración del orden público; tomando en consideración la organización para poder formularlas de manera adecuada; en el texto analizado Bardach nos habla de los ocho pasos a seguir para la para la definición de políticas organizacionales siendo estos los siguientes:

1.    DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Plantear la problemática que se va a tratar, así como sus variantes; delimitar su nivel: descripción, causal, predicción o pronóstico, toma de decisiones, etc., señalar con precisión la población, lo que se pretende analizar y las condiciones en las que se presenta.

2.    OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Recopilación de datos útiles que sirvan de conocimientos para la posible solución y sirvan para  evaluar la naturaleza y la extensión de los problemas; evaluar las características particulares de la situación concreta y evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han pensado que funcionarían bien en situaciones aparentemente similares.

3.    CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS: En base a lo investigado y analizado y consultando las referencias que se tiene proponer soluciones alternativas.

4.    SELECCIÓN DE CRITERIOS: Clasificar los criterios de las alternativas expuestas para poder elegir las adecuadas.

5.    PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS: Se seleccionan las alternativas más factibles para su aplicación y se consideran los posibles resultados.

6.    CONFRONTACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS: Reconocer lo que costará esa decisión, lo cual puede ser de manera intuitiva, pero tomando en cuenta el tiempo los resultados futuros

7.    ¡DECIDA!: Es la verificación de todos los pasos para levarlo a cabo.

8.    CUENTE SU HISTORIA: Difusión de lo planificado y decidido.

Con estos ocho pasos se puede entender cómo es que se lleva a cabo la creación de las políticas públicas, buscando por objetivo el bien común y la solución de las problemáticas que presenta la población, así como considerando antecedentes, referencias y los recursos que se tienen para poder llevar a cabo estas políticas. 

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El objetivo de la política pública como tal, es el de dar soluciones a los problemas sociales a los cuales la ciudadanía tiene que confrontar día día. Para la creación de estas políticas es necesario no sólo saber el problema que se quiere solucionar, sino también conocer aquellos incidentes similares que se han suscitados para tomarlos como referencia para la aplicación de una nueva política, esto para poder tener una mejor proyección de resultados favorable.


El hecho de que la situación actual en el país, México, en cuanto a la administración de la seguridad pública y aquellos esfuerzos que se hacen para el combate de la corrupción; no estén dando resultados favorables, nos hace creer que algo no se está haciendo bien en la creación de las políticas públicas o que no se están llevando de manera correcta y esto hace pensar que hay algo más en nuestro gobierno que no está funcionando como debería, por ende es de suma importancia conocer aquellas aportaciones que como sociedad podemos hacer al informarnos del funcionamiento de todos nuestros supuestos representantes. 

sábado, 5 de agosto de 2017

FORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Partiendo del concepto de que  administrador es el que gobierna o dirige. (Real Academia de la Lengua Española).Y teniéndose como sinónimos de administrador: gobernador, rector, regente, gerente, director, ministro, intendente gestor, apoderado, jefe, guía, dirigente, mayordomo, síndico, cuidador, tutor, curador (ver diccionarios de sinónimos). Administrar significa: gobernar, regir, aplicar. Son sinónimos de administrar: dirigir, cuidar, regentar, tutelar, mandar, apoderar. La Academia de la Lengua anota: "administrador. Que administra. Persona que administra bienes ajenos". Lo anterior expresa la posibilidad de que el administrador se ocupe de bienes propios (primera acepción) o bienes ajenos (segunda acepción). (Cruz, 2005).

Rafael Mancera nos dice que “la calidad de una administración se determina en grado  por la devoción, habilidad y honestidad de sus funcionarios” (La Administración pública en los planes de desarrollo económico, Revista Núm. 2); dando así a conocer que existe una influencia de aspecto  político, psicológico y social, dentro de la administración pública para adaptarse a los principios que regulan el manejo de las empresas privadas.

Ya que se llega a considerar que la Administración de Empresas es sinónimo de administración privada; sin embargo académicamente esto es un grave error: propicia que al estudiar las empresas se dejen fuera las que son propiedad pública y las que pertenecen al sector social, mismas que tienen gran importancia incluso para la sobrevivencia de las empresas privadas. Así mismo propicia que al estudiar la Administración Pública se omita el estudio de las empresas, de innegable importancia en la actividad gubernamental.

 Juristas sostiene que las ciencias administrativas engloban o se complementan y coordinan con el derecho administrativo y los administradores insisten en aspectos prácticos y no jurídicos de las ciencias administrativas, aspectos que conceden la primicia de principios generales de organización y métodos administrativos o de las relaciones entre ciencias políticas, la sociología y psicología social y ciencias administrativas no están colindadas solo a lo administrativo público, sino a la práctica de negocios  gestión de empresas. La administración pública se ocupa de funciones de gobierno y la administración de empresas se ocupa de actividades industriales, comerciales, financieras y de servicios.

El administrador público es más cercano al gobernante; desempeña funciones directivas en dependencias del Estado, donde una orientación político social de conservación del poder son la clave. El administrador de empresas se desempeña en industrias, comercios e instituciones financieras algunas de las cuales son del Estado, pero en todo caso su problemática es más de carácter técnico económico.

Por ende se le da una suma importancia a la capacitación del personal en las técnicas y en la ciencia administrativa; la Sra Catalina Sierra propuso establecer una escuela de capacitación administrativa de funcionarios y empleados públicos por un  lado y por otro, propuso iniciar cursos optativos de especialización en asuntos administrativos en especial profesionales universitarios y técnicos, concluyendo con especialidades administrativas. (FRAGA, 1985)

Esto debido a que a los administradores profesionales se les prepara realmente como técnicos y no así como profesionales; en el mejor de los casos se les capacita "para administrar", pero no para renovar, ampliar y profundizar en el conocimiento administrativo, ni para generar innovaciones respecto a su campo de estudio y trabajo.

Ser profesional supone, entonces: 
1) Dominio, en mayor grado, del conocimiento técnico. 
2) Conocimiento básico de la especialidad, para comprender y explicar con bases científicas el comportamiento de los fenómenos que le competen. 
3) Capacidad de influir en la transformación e innovación de los fenómenos del caso, como resultado de la comprensión científica de los mismos. 
4) Capacidad de aportar nuevos conocimientos, derivado de las innovaciones realizadas y de lo conveniente al desarrollo de la disciplina.

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En materia de administración el conocimiento aplicado y el conocimiento básico corresponden a lo siguiente: 
a). El conocimiento aplicado se refiere a cómo administrar. 
b). El conocimiento básico se refiere a la situación de empresas y gobiernos, así como la comprensión y explicación teórico científica al respecto. 
Conjuntando, tenemos que la diferencia entre los administradores técnico y profesional es, por principio, el nivel de formación.

La sociedad necesita indispensablemente de los gobiernos y de las empresas Las empresas son las células económicas de la sociedad y basta el mal funcionamiento de las mismas para traer graves trastorno


Es necesario formar administradores que desde luego sirvan a las empresas y a los gobiernos, pero sobre todo sirvan a la sociedad en su conjunto, con un elevado sentido ético, ecológico e histórico; administradores comprometidos con el desarrollo humanístico y de la ciencia. No hacerlo es contribuir inconsciente e irresponsablemente al deterioro económico, político y social que padecemos.

Podemos concluir que administrador es el que gobierna o dirige y que el administrador profesional deberá estar capacitado gobernar o dirigir, para evolucionar las organizaciones y para desarrollar el conocimiento relativo a la profesión. (Cruz, 2005)

Visto desde ambas perspectivas de los autores referidos, se hace notar la gran importancia del entendimiento y capacitación de los representantes de la administración desde los diferentes ámbitos. Específicamente en el caso de la administración pública se entiende que, el administrador es el mediador que existe entre gobierno y sociedad para poder ejecutar de manera adecuada los recursos y funciones de los diferentes representantes sociales y por ende se debe de tener los conocimientos requeridos para emplear de manera adecuada la administración, dando cuentas claras a la ciudadanía y recobrando así la confianza en está.