domingo, 10 de marzo de 2013

Leyes de vanguardia, primero en violencia sexual


Leyes de vanguardia, primero en violencia sexual

El marco legal para defensa de las mujeres en Colima no ha sido suficiente para terminar con un problema que en los últimos dos años ha posicionado al estado en los primeros lugares en violencia sexual y de género
 
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio los casos en Colima casi se duplicaron en dos años. Para 2011 se dieron 12 asesinatos, en 2012 fueron 20
Aunque Colima está a la vanguardia en legislación por los derechos femeninos, las violencias sexual y de género no se han erradicado. 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar con 15 años vigente son muestras del marco regulatorio de soporte.
Pero el papel contrasta con la realidad pues cada vez son más los casos de asesinatos cruentos contra mujeres en la entidad costera.
Según la representante en Colima del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Carmen García García, los casos casi se duplicaron en los últimos dos años. Para 2011 se dieron 12 asesinatos, en 2012 fueron 20.
“La violencia contra las mujeres curiosamente es uno de los fenómenos que en Colima siempre se ha dado, pero también en este contexto de la violencia generalizada, también ha tenido un acento notable.
“Sí había violencia, sobre todo violencia física o violencia sexual y asesinatos de mujeres también los había, pero no en esta dimensión”, señala la activista. 
A primera vista la cifra es menor, pero la población del estado de Colima es de alrededor de 650 mil habitantes, es decir, casi la misma que el municipio jalisciense de Tlaquepaque, que presentó solo ocho feminicidios en 2012.
Es decir, con la tasa de feminicidios de Colima, en proporción, un estado con la población de Jalisco tendría cerca de 226 asesinatos de mujeres el año pasado. 
La cifra oficial de feminicidios en 2012 del estado de Jalisco fue de 152.
Es decir, el problema no es menor si se escala a índices de violencia, pero los gobiernos estatales y de los 10 municipios de Colima se lavan las manos con el discurso de que las leyes del estado son de vanguardia.
Casos como el asesinato de Irma Jazmín Isaiza Arroyo el 28 de enero prenden los focos de alerta pues las características del caso son escalofriantes.
Y es que la menor de apenas 11 años fue encontrada con huellas de violencia sexual y quemaduras por químicos en su cuerpo después de su desaparición en el municipio de Tecomán una noche antes.
En entrevista con Reporte Indigo la activista por los derechos de las mujeres, Carmen García García, comenta que la violencia contra las mujeres en Colima ha sido habitual desde hace años pero en los últimos se ha intensificado.
Y que a pesar del trabajo legislativo que aventajó al estado entre los que mejores leyes en la materia tienen, los índices siguen en aumento.
“La violencia sexual no se da en la calle, sí la hay, pero la mayor parte de la violencia física sexual es en el hogar. Aunque hay política pública las cosas se siguen dando.
“En el discurso y la letra sí existe, hay documentos firmados, oficiales pero hay una distancia enorme entre lo que es el discurso público, las leyes de vanguardia a una realidad que nos está arrojando otra cosa. Eso genera impunidad y una doble moral por parte de las autoridades”.
Los datos de la a Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, destacan al estado de Colima en el primer lugar en el país en violencia sexual contra las mujeres. 
La incidencia fue de 10.1 por ciento muy por arriba de la media nacional ubicada en 7.3 por ciento.
Ni siquiera con la reforma federal en enero pasado a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es suficiente, apunta García García.
Y es que las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia reportadas por el Ministerio Público de Colima son apenas dos, pero el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) y el Instituto Colimense de las Mujeres, reciben más casos.
García García propone dos alternativas para que esto suceda: por un lado podría ser que las mujeres no saben que pueden protegerse ante esas instancias en caso de ser víctimas, y la segunda es que la autoridad no entrega las órdenes de protección.
También señala que las instituciones son rígidas e ineficaces.
“Estructuralmente se requiere de otra forma de echar a andar las políticas públicas. Si tengo una ley donde en un decreto me obliga a proteger a las mujeres en cualquier situación en la que esté su vida o su persona en riesgo, tengo que crear toda la infraestructura para hacerlo”

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